Austria, 14 de octubre de 2025.- Como parte de la jornada comunicacional mundial desarrollada este martes por el Servicio Exterior venezolano, la Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la ONU Viena realizó una sesión informativa en la sede de dicha instancia multilateral y explicó las amenazas a la paz y seguridad nacional por el despliegue militar de Estados Unidos (EEUU) en el Mar Caribe, así como sus implicaciones sobre el sistema internacional de control de drogas, considerando que en esta jurisdicción funciona la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).

La actividad contó con la participación de los representantes permanentes de Rusia, Irán, Nicaragua y Cuba, además de delegados de China, Brasil, Belarús, Türkiye, Colombia, Portugal, México, Suiza, República Popular Democrática de Corea, Filipinas, Serbia, Guatemala, Argelia, Países Bajos, Unión Europea, Bolivia, Pakistán, Egipto, Arabia Saudita e Indonesia.

La delegación nacional expuso una presentación sobre la evolución de la agresión multiforme estadounidense hacia Venezuela, desde que el país fue declarado por Barack Obama como una “amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de EEUU” (marzo, 2015), hasta la desertificación unilateral estadounidense respecto a Venezuela y otras 22 naciones (septiembre, 2025), por considerarlas como “principales países de tránsito o de producción de drogas, responsables de ocasionar en EEUU fallecimientos por sobredosis”.

En este orden de ideas, se informó sobre la escalada militar en el Mar Caribe y el alcance de la presunta “opinión legal clasificada” dictada por el gobierno de Washington, para justificar “ataques letales contra una lista secreta y amplia de cárteles y presuntos traficantes de drogas”, con miras a autorizar el uso de la fuerza militar en territorio extranjero, la cual además otorga al presidente de EEUU el poder de designar a los narcotraficantes como “combatientes enemigos extranjeros” y “permitir que sean ejecutados sumariamente sin justificación legal”.

Sobre el despliegue militar para “enfrentar el flagelo de las drogas”, se explicó la desproporción de sus gastos operativos logísticos por día (10 a 15 millones de US$), contra el presupuesto regular de la ONUDD de 2026, estimado en US$ 24.996.200.

También se mostró un video sobre el bombardeo ordenado por las fuerzas militares de EEUU contra cuatro pequeñas embarcaciones en el Caribe, presuntamente dedicadas al tráfico ilícito de drogas, en el que se asesinaron, según estimación del propio gobierno estadounidense, a por lo menos 21 civiles desarmados.

La delegación venezolana explicó cómo estos hechos, contrarios al derecho internacional y los mandatos de las convenciones destinadas a enfrentar el problema mundial contra las drogas, determinó que expertos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, activaran la figura de “Procedimientos Especiales”, en razón de lo que calificaron como “ejecuciones extrajudiciales”.

En este orden de ideas, se señaló que el desafío a la legalidad internacional ha sido tal, que el propio Congreso estadounidense ha presentado mociones para denunciar el incumplimiento constitucional del Ejecutivo de EEUU y lo que han calificado como “matar sumariamente a personas sospechosas de actividad criminal”.

Se informó que, para algunos congresistas norteamericanos, “existe el riesgo de que el gobierno pueda emprender acciones militares en cualquier parte del mundo y usar la justificación que se emplea en los ataques armados en el Caribe para ejecutarlas”.

Por otra parte, ante el peligro inminente de que se ejecute un ataque militar contra Venezuela, la delegación nacional expuso la denuncia elevada ante el Consejo de Seguridad de la ONU, exhortando a esa instancia multilateral a que adopte medidas necesarias para evitar que se agrave aún más la situación y proponiendo, entre otras acciones concretas, que se apruebe una resolución en la que los miembros del Consejo de Seguridad, incluyendo EEUU, se comprometan a respetar la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Venezuela.

Se explicó también, con datos oficiales de 2024 y 2025 de la Superintendencia Nacional Antidrogas (SUNAD), la eficacia de las políticas del Estado venezolano, fundamentadas en la cooperación internacional y el principio de “responsabilidad común y compartida” con países fronterizos, ya que la naturaleza transnacional del flagelo del tráfico de drogas exige respuestas articuladas y comprometidas con la legalidad y la prevención.

Los diplomáticos venezolanos detallaron el riesgo que representa la amenaza estadounidense para el sistema internacional de fiscalización de drogas, el cual crea un “delicado precedente”, porque la declaratoria de guerra no es únicamente contra Venezuela, ya que nada evita que posteriormente sea agredido otro país, descertificado o no unilateralmente, si se considera que no colabora con EEUU en la lucha contra el narcotráfico.

Al respecto, se denunció que, “aceptar eso como un status quo, significa el derrumbe de la ONUDD y del mandato del ordenamiento jurídico internacional que los Estados Partes han decidido desde 1961 para enfrentar el problema mundial de las drogas, delitos conexos y la aplicación de la justicia penal contra la delincuencia organizada”.

La delegación venezolana concluyó la sesión informativa haciendo un llamado a los presentes para que reflexionen sobre el difícil momento que vive la ONUDD, no solo por sus necesidades presupuestarias, mientras se gastan cuantiosos recursos en la militarización del Mar Caribe, sino por el silencio y la inercia con la cual han respondido ante la coyuntura actual.

Al respecto, se mencionó que en reunión sostenida con autoridades de dicha instancia multilateral se solicitó, entre otros asuntos: 1) Un pronunciamiento formal que rescate los principios y métodos aceptados por todos los países para enfrentar el problema mundial de las drogas; y 2) Propiciar un diálogo constructivo entre las partes.

Las delegaciones de Cuba, República Popular Democrática de Corea, Rusia, China, Irán y Belarús coincidieron en la necesidad de respetar el principio de “responsabilidad común y compartida” para enfrentar el flagelo del narcotráfico, a través de la cooperación internacional y los procedimientos establecidos en las convenciones vigentes en la materia, no con respuestas militares y agresiones, al tiempo de hacer un llamado a la ONUDD para que cumpla con el mandato que los Estados Partes le han conferido.