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Venezuela expone en Ministerio de Asuntos Exteriores de Austria violación de DDHH de sus migrantes

La embajadora Salerno reiteró que, como ha expresado el presidente Nicolás Maduro Moros, “calificar a los migrantes venezolanos como delincuentes, terroristas y asesinos es el acto de mayor enemistad y de mayor injusticia que jamás se haya cometido desde Estados Unidos contra un pueblo de América Latina y el Caribe”

En el marco de la jornada mundial en solidaridad con los migrantes venezolanos, iniciada el martes 25 de marzo, la embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en Austria, Claudia Salerno Caldera, acompañada del Ministro Consejero Gustavo Villarroel Valdez, sostuvo una reunión de trabajo con el director del Departamento de las Américas del Ministerio Federal de Asuntos Europeos e Internacionales de Austria, embajador Thomas Mühlmann, a fin de transmitirle información actualizada sobre el grave atentado contra los principios del Derecho Internacional y los derechos humanos cometido contra migrantes venezolanos en los Estados Unidos de América (EE.UU.).

La diplomática señaló que el gobierno estadounidense, luego de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, ha incurrido en una persecución sistemática contra la comunidad migrante venezolana, estigmatizándola, criminalizándola, negándole su derecho a la defensa y exponiéndola a expulsiones arbitrarias, utilizando a terceros países del continente americano como centros de detención extrajudicial, en una práctica que representa un delito de lesa humanidad con elementos racistas y xenófobos.

Salerno Caldera enfatizó que en Venezuela hay millones de hermanas y hermanos de otras nacionalidades que son sujetos plenos de derecho, sin discriminación de ningún tipo, donde siendo migrantes han conseguido prosperidad económica, inclusión social, educación, vivienda y salud. 

Explicó que Venezuela nunca ha utilizado su tradicional política de brazos abiertos para avanzar en intereses políticos, ni ha empleado a los migrantes para hacer propaganda o para mendigar recursos financieros ante donantes, agencias u organismos especializados, que se han prestado en otras naciones para la agresión con fines mercantilistas, comerciales o de negocios.

También señaló que en los últimos años se registró un incremento en los flujos migratorios desde Venezuela, pero que era importante entender que ha sido un proceso atípico, extraordinario, inducido y de índole económico, fundamentalmente, como resultado directo de una política de agresión que, a partir de la criminal imposición de más de 1.000 medidas coercitivas unilaterales ilegales, han sido utilizadas para desestabilizar la paz política y social nacional, en complicidad con la extrema derecha antidemocrática venezolana, la cual, además de promover la imposición de tales medidas contra el país, ha usado el sufrimiento de los migrantes venezolanos como bandera política.

La Jefa de Misión mencionó la reciente acción conjunta entre EE.UU. y El Salvador, que culminó con el secuestro y encarcelamiento de 238 venezolanos en el denominado Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la cárcel de máxima seguridad construida por el presidente Nayid Bukele, efectuados luego del acuerdo firmado con el Secretario de Estado, Marco Rubio, a inicios de febrero de 2025, durante la gira que realizó el funcionario estadounidense por algunos países de Centroamérica y el Caribe, el cual permite deportaciones masivas al país centroamericano, para recibir a “criminales peligrosos” que estuvieran bajo custodia o cumpliendo condena, incluso si son ciudadanos estadounidenses o residentes legales, mismo que, entre otros aspectos, estipula el pago de US$ 20.000 por preso por año.

La Embajadora explicó como el Gobierno y el pueblo venezolano, con mucho esfuerzo y de la mano de políticas sociales efectivas y de una agenda económica revolucionaria, han superado paso a paso los obstáculos de las medidas coercitivas unilaterales, motivando el deseo de cientos de miles de compatriotas de retornar de manera voluntaria a Venezuela, a través del denominado “Plan Vuelta a la Patria”, implementado desde el año 2018, el cual ha permitido que a la fecha más de 1 millón de connacionales hayan retornado a Venezuela, no solo por aire en vuelos de la aerolínea venezolana CONVIASA, sino también por tierra o mar desde países vecinos.

Reiteró que, como ha expresado el presidente Nicolás Maduro Moros, “calificar a los migrantes venezolanos como delincuentes, terroristas y asesinos es el acto de mayor enemistad y de mayor injusticia que jamás se haya cometido desde Estados Unidos contra un pueblo de América Latina y el Caribe”.

La diplomática enfatizó que la acción criminal emprendida por el gobierno de los EE.UU. constituye un peligroso mecanismo de represión transnacional, que puede ser aplicado contra cualquier otra población migrante, razón por la cual el Gobierno venezolano no descansará hasta tener a cada uno de sus ciudadanos migrantes de vuelta en Venezuela y con sus familias.

El embajador Thomas Mühlmann, al recibir la información proporcionada por los diplomáticos venezolanos, destacó el respeto de Austria a los principios del Derecho Internacional e instrumentos jurídicos en materia de migración, expresando su rechazo a la violación a los derechos humanos de poblaciones migrantes en cualquier parte del mundo. Seguidamente, expresó que trasmitiría la información recibida a sus altas autoridades, para su conocimiento.

La reunión desarrollada con representantes del Ministerio Federal de Asuntos Europeos e Internacionales de Austria forma parte de las iniciativas realizadas por la Embajada de Venezuela tendientes a promover información veraz y confiable, que permita desmontar el cerco mediático que en Europa se tiene sobre este importante tema, además de ayudar a despertar la conciencia de los pueblos del mundo para que se levanten contra la injusticia perpetrada contra la migración venezolana.

La embajadora Salerno Caldera, en su carácter de Representante Permanente de Venezuela ante los Organismos Internacionales con sede en Viena, también prevé una reunión con Aimée Comrie (Canadá), quien es la jefa de la Sección de Prevención del Delito y Justicia Penal, en la División de Tratados Internacionales de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).

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