El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Yván Gil, leyó este lunes una carta emitida por Presidente Nicolás Maduro, en la cual se rechaza de manera contundente los actos de piratería perpetrados por el Gobierno de los Estados Unidos (EEUU) en el  mar Caribe contra petroleros venezolanos y, en consecuencia, se exige la activación de mecanismos del sistema multilateral para investigar, sancionar y prevenir la repetición de estos hechos.

Desde la Casa Amarilla «Antonio José de Sucre», en Caracas, el canciller indicó que es necesario el «cese inmediato del despliegue militar, el bloqueo y los ataques armados», porque la «energía no puede convertirse en arma de guerra ni instrumento de coerción política».

En la misiva, el Gobierno Bolivariano alerta que el bloqueo y la piratería contra el comercio energético venezolano  afecta el «suministro de petróleo y energía», y amenaza con incrementar la «inestabilidad de los mercados internacionales».

«Golpearán las economías de América Latina, el Caribe y del mundo, especialmente a los países más vulnerables», sentencia la carta, haciendo referencia a que el «objeto principal de combatir la piratería es proteger la libertad de navegación y la inviolabilidad de los buques en alta mar, lo que lo convierte en un principio universal, claramente trasgredido en estas operaciones ilegales».

El texto presenta un resumen cronológico de las agresiones contra Venezuela, reseñando que la “Operación Lanza del Sur”, la cual busca presuntamente luchar contra el narcotráfico, «constituye una amenaza directa del uso de la fuerza, prohibida por el artículo 2, numeral 4, de la Carta de las Naciones Unidas, y vulnera tanto la declaración de la Zona de Paz de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC) de 2014, como el Tratado de Tlatelolco, que determina esta región como libre de armas nucleares».

Igualmente, se recuerda que entre el 2 de septiembre y el 18 de diciembre del presente año, fuerzas estadounidenses perpetraron 28 ataques armados contra embarcaciones civiles en el mar Caribe y el océano Pacífico Oriental, con un saldo de 104 personas ejecutadas extrajudicialmente, muchas de ellas en condición de naufragio.

«Estos hechos violan de manera directa y reiterada el derecho a la vida (artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos); los Convenios de Ginebra de 1949, que obligan a proteger a civiles, heridos y náufragos en el mar, y el Protocolo Adicional  de 1977, que impone la distinción absoluta entre población civil y combatientes», señala.
 
Respecto a la agresión en desarrollo en el mar Caribe contra cargueros de crudo venezolanos, el Ejecutivo nacional sentencia que son  actos de agresión, conforme a la Resolución 3314 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

«Violaciones de la Convención sobre Alta Mar de 1958, ratificada por Estados Unidos, que reconoce la jurisdicción exclusiva del Estado de pabellón; Ataques directos contra la seguridad de la navegación marítima y el comercio internacional, prohibidos por la Convención para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima», subraya. 

El diplomático venezolano informó que la carta será enviada a los 194 países que conforman la ONU.